domingo, 7 de marzo de 2010

EMERGENCIA SOCIAL*

Emergencia social: el gobierno cede, pero no lo suficienteSALUD El gobierno dio marcha atrás en su decisión de sancionar a los médicos que se salgan de un recetario establecido en la atención de los pacientes. Pero sigue defendiendo el pago, con ahorros, de los tratamientos que no están en un POS que todavía no está claro. 'Cambio' radical Jaque al referendo El mal camino.

1.Ajuste de precios
2.Viento en contra

Al menos, ya se avizoran cambios. Por ejemplo, en el artículo 31 del decreto 131 dice que “cuando el profesional (de la salud) se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar aprobado por su respectiva profesión y con ello ocasiones un daño económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta sancionada con una multa entre 10 y 50 salarios mensuales mínimos”.

Decreto 358 de 2010

Esta norma provocó una reacción de las asociaciones médicas, que vieron invadido su terreno y su criterio profesional y científico.Entonces emitieron fuertes pronunciamientos. La Academia Nacional de Medicina de Colombia expresó su “profunda preocupación” las decisiones tomadas por el gobierno durante la emergencia social. En un comunicado, dijo que “tales decretos representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”.

Esta asociación se quejó también por lo que consideró una “desprofesionalización de la medicina, que se encuentra atrapada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial” y por las decisiones que “cercenan la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas”.En ese mismo sentido, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas rechazó los decretos por considerar que “atentan contra el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”.

Pues bien, después de la reunión del Gobierno con representantes de los gremios médicos y científicos, en la propuesta de esa parte del decreto reglamentario hay un giro.

Les está dando a los médicos y los científicos la posibilidad de que ellos definan cuándo un médico debe seguir al pie de la letra un recetario. De resto, puede hacer su trabajo de acuerdo con su criterio profesional.

En cambio, no se eliminan las sanciones a los médicos, uno de los puntos más controvertidos. Las sanciones se darán cuando los profesionales de la medicina se aparten “sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar obligatorio” y si la decisión que tomen causa un daño económico al sistema de salud.

De todas maneras, en la propuesta del decreto reglamentario, se enfatiza ahora que “si no existe uno de los supuestos no habrá lugar a la responsabilidad ético-disciplinaria ni a la imposición de la multa”. En consecuencia, quienes definirán las sanciones son tribunales de ética médica y odontológica, según el documento.

Las decisiones tomadas hasta ahora deben ser reglamentadas por nuevos decretos. Ya hay dos borradores. Uno muestra un giro respecto a la autonomía que tienen los médicos para hacer los tratamientos a los pacientes. El otro, se refiere a la manera de definir lo que estará incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero no cambia mucho en relación con lo propuesto inicialmente por el gobierno.

En la propuesta del decreto reglamentario, se enfatiza que “si no existe uno de los supuestos no habrá lugar a la responsabilidad ético-disciplinaria ni a la imposición de la multa”. Quienes definen las sanciones son tribunales de ética médica y odontológica, según el documento, que puede ser modificado.

El POS
Respecto a la definición del POS, las decisiones no han cambiado mucho. El decreto 131, en su artículo 10, dice que “el Plan Obligatorio de Salud estará sujeto al establecimiento de límites claros, teniendo en cuenta la consulta ciudadana, la capacidad financiera del Estado, la condición socio-económica de las personas, con prevalencia de la atención a las necesidades colectivas en salud sobre las individuales”.

Y aclara que “para la actualización del POS se tendrán en cuenta criterios técnico-científicos y la consulta ciudadana”. La propuesta del decreto reglamentario no se aparta de esta participación de expertos y usuarios, pero va más allá al decir que toda decisión está sustentada en estudios sobre la pertinencia de los usos de ciertas tecnologías, viabilidad económica y de las enfermedades que más afectan a los colombianos.

Pero viene un problema y es que, sin tener claro qué va a quedar dentro del POS y qué no, el Gobierno, en declaraciones públicas, sigue defendiendo la posibilidad de que los usuarios paguen los tratamientos que no están incluidos en él según su capacidad económica.

“Aquellos copagos para la atención extra del Régimen Contributivo serán para las personas de mayor capacidad económica, nunca para los estratos bajos. Para estos copagos de prestaciones excepcionales en salud se podrán utilizar, entre otros, recursos de pensiones voluntarias y de auxilio de cesantías, teniendo en cuenta que éstas tienen como objeto primordial atender necesidades de vivienda y de educación”,Si se aprueban las propuestas de los decretos reglamentarios que ya están redactadas, se les devuelve el criterio profesional a los médicos en las decisiones que tomen con los pacientes.

Pero sin saberse cómo va a quedar el POS definitivo y qué criterios se tendrán en cuenta para definir si una persona es adinerada o no, salta el temor sobre qué sectores en concreto van a sufrir las consecuencias, aunque muchos ya lo advierten, al clase media, un rango demasiado amplio como para poderse precisar.

Fedemunicipios convocó a alcaldes de todo el país a reunirse para pedirle al jefe de Estado frenar los decretos de la emergencia social.

LOS CIUDADANOS de escasos recursos no gastarán cesantías en salud, advirtió ayer en un comunicado el presidente Álvaro Uribe, frente a la polémica que había suscitado la utilización de estas cesantías en el servicio.
“Solamente los sectores pudientes, estratos 5 y 6, podrán gastar cesantías en salud, nunca los ciudadanos pobres o de ingresos medios. Si esto no es así, es preferible que el Congreso derogue el Decreto”, dijo el jefe de Estado.

El Ministerio de Protección Social emitió el decreto 358 con el cual aclaraba que los estándares estipulados en los artículos 5 y 23 del decreto 131 “sólo serán obligatorios cuando, en ejercicio de su autonomía, así lo definan la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en el caso de los médicos, y la Federación Odontológica Colombiana, en el caso de los odontólogos”

El Gobierno también aclaró ayer que por ley es imposible desmejorar el POS y que cualquier variación es para mejorarlo. “Todas las revisiones que se han dado han sido para aumentar el plan de beneficios; tenemos además un piso legal que dice que no se puede prestar un plan de beneficios menor al que tenía la gente al momento de entrar en vigencia esa ley”, explicó el viceministro técnico de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, lanzó una convocatoria para que en este mes de febrero se reúnan los alcaldes del país para pedirle al presidente Álvaro Uribe frene los decretos de emergencia social en el sistema de salud que expidió el Ministerio de Protección Social.

De esta manera, Fedemunicipios expresó su rechazo a las medidas expedidas “por medio de los cuales se le está dando un zarpazo a los recursos que para la salud reciben los municipios y distritos del país, del Sistema General de Participaciones”, según lo manifestaron a través de un comunicado.

“Es intolerable que para resolver un problema crónico que ha tenido el Sistema de Seguridad Social en salud, se recurran a medidas excepcionales que exceden el espíritu de lo establecido en el ordenamiento constitucional para estos efectos y se pretenda reformar la constitución por ésta vía”, expresó Fedemunicipios.

Según la federación que asocia a los municipios del país, los mandatarios locales han manifestado que esta decisión es la joya de la corona en el proceso “recentralista que viene padeciendo el país de manera paulatina por medidas que han venido tomando de forma aislada varios ministros del Gobierno”.

El presidente de Fedemunicipios y alcalde de Popayán, Ramiro Navia, manifestó que con estas disposiciones la descentralización sufrió una herida mortal y alertó al país sobre la inconveniencia de seguir manejando los recursos que garantizan el derecho a la vida de los ciudadanos, en negocios fiduciarios que demoran, dificultan y encarecen la gestión de los servicios de salud.

De igual manera, el director ejecutivo de la federación, Gilberto Toro, expresó su indignación por las disposiciones, según él “desproporcionadas que no tienen relación directa ni específica con los hechos que originaron la emergencia social” y “que no contribuyen a resolver la acumulación de cuentas en el Fosyga que tiene al borde del colapso a muchas EPS”.

“Lo paradójico es que con las medidas anunciadas se está produciendo una situación de grave calamidad pública y una profunda desesperanza en todos los colombianos”, afirmó.

Toro fundamentó su postura en una demanda de inconstitucionalidad que fue presentada en el espacio de participación ciudadana dentro del control que hace la Corte Constitucional de los Estados de Excepción que declara el Gobierno.

“La Federación Colombiana de Municipios se permite manifestar a la Corte Constitucional su profunda preocupación por el conjunto de medidas que se expidieron al amparo de la declaratoria de emergencia social, las cuales modifican de manera estructural el Sistema General de Seguridad Social en Salud; han perturbado el orden económico y social del país; y amenazan con convertirse en una verdadera calamidad pública”Emergencia Social prácticamente elimina servicios que están fuera de los planes de salud (POS).

Decretos plantean que pacientes paguen por estos servicios con su patrimonio, cesantías, ahorros pensiónales e incluso préstamos bancarios. Se bloquearían tutelas.

Aunque la Emergencia Social se generó para buscar recursos conducentes a subsanar déficits del sector salud, algunos de los diez decretos dados a conocer contienen reformas sustanciales al sistema de salud. Algunas de ellas generarán, sin duda, controversia.

La primera está contenida en el decreto 128, que les cambia el nombre a los servicios no POS por el de "prestaciones excepcionales en salud".

Este decreto define tales prestaciones como servicios de salud extraordinarios, que deben ser autorizados por un comité técnico, que también crea la norma.Hasta hoy estos servicios, a los que acceden los pacientes vía tutela, son cubiertos por el sistema de salud.El 128 establece que dichas "prestaciones excepcionales" deberán ser financiadas, total o parcialmente, por los afiliados que las soliciten. Con ese fin, éstos serán objeto de un análisis exhaustivo de sus ingresos y de su patrimonio individual y familiar.

Para los casos de pacientes que no tengan solvencia económica, se abre la posibilidad de que paguen el servicio médico con sus cesantías, los ahorros pensionales e incluso con préstamos bancarios.

Para los casos de ciudadanos que carezcan por completo de recursos, se creó un fondo específico, que subsidiará dichos gastos. Sin embargo, el decreto deja sentado que éste sólo cubrirá dichos gastos hasta que la plata del Fondo alcance.

El decreto 131, por otra parte, reforma la Ley 100 y redefine el concepto de POS. En adelante, éste prioriza la atención de baja complejidad en medicina y odontología general y sólo permitirá el manejo por especialistas "cuando se cuente con la evidencia científica" y no se afecten los costos del sistema de salud.

De paso, esta norma restringe la posibilidad de interponer tutelas al fijar sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales a los médicos u odontólogos que formulen por fuera del POS establecido.

Empiezan las reacciones
Frente a la expedición de estos decretos, Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aseguró que se trata de una reforma improvisada del sistema de salud, que afecta negativamente el derecho a la salud de los colombianos: "Es tan regresiva, que no parece una reforma hecha por Álvaro Uribe", dijo Giraldo.

Por su parte, Javier Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, afirmó que estas disposiciones generan zozobra, incertidumbre y temor para la práctica médica y odontológica en el país.

El vicepresidente de la misma Asociación, calificó de "salvaje" la reforma "que además complica los problemas estructurales del sector y les pone límites a los derechos de los pacientes".

Álvaro Cardona, decano de la Facultad Nacional de salud Pública de la Universidad de Antioquia, opina que "la reforma es un golpe de mano al Congreso de la República y a la Comisión de Regulación en Salud, y una bofetada a la atención en salud de la población no rica, que son la mayoría de los colombianos".

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